La dictadura de Miguel Primo de Rivera, que se extendió desde 1923 hasta 1930, fue un periodo complejo y controvertido en la historia de España. Este régimen se instauró tras un golpe de Estado liderado por el entonces capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923. A lo largo de sus casi siete años de duración, la dictadura se caracterizó por una serie de políticas autoritarias, económicas y sociales que dejaron una huella profunda en el país.
Antecedentes
La intervención del Ejército en la vida política española no era nueva. Desde el “Desastre de 1898“, el Ejército se había presentado como el intérprete de la “voluntad popular” y el defensor del “interés nacional”. Dos momentos clave de este pretorianismo fueron los hechos del Cu-Cut! de 1905 y la crisis española de 1917, donde las Juntas de Defensa, integradas exclusivamente por militares, cobraron un especial protagonismo.
En los años posteriores a la crisis de 1917, España vivió una grave crisis social en Cataluña y en el campo andaluz. En Cataluña, una auténtica “guerra social” con atentados anarquistas y de pistoleros a sueldo de patronos se declaró, mientras que en Andalucía, entre 1918 y 1920, se produjo una intensificación de las movilizaciones conocida como el “trienio bolchevique”.
El “Desastre de Annual” de julio de 1921, donde el ejército español fue derrotado en el Rif, dejó miles de muertos y conmocionó a la opinión pública. Este desastre situó de nuevo a los militares en el punto de mira y exacerbó las tensiones políticas y sociales en el país.
El golpe de Estado
El 13 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera lideró un golpe de Estado desde Barcelona. En su manifiesto, Primo de Rivera justificaba su acción alegando la necesidad de salvar a España de la corrupción política, la propaganda comunista y separatista, y otros males que, según él, aquejaban al país. Alfonso XIII apoyó el golpe, vinculando así la suerte de la monarquía a la de la dictadura.
La dictadura con rey
La dictadura de Primo de Rivera se ha descrito como una “dictadura con rey“, una fórmula política en la que Alfonso XIII dejó de actuar como monarca constitucional para convertirse en jefe del Estado de un régimen dictatorial. El régimen se dividió en dos fases: el Directorio Militar (1923-1925) y el Directorio Civil (1925-1930).
El Directorio Militar (1923-1925)
Durante el Directorio Militar, Primo de Rivera destituyó a las autoridades provinciales y locales, que fueron sustituidas por militares. Se declaró el estado de guerra, lo que supuso la suspensión de las garantías constitucionales y la atribución a la jurisdicción militar de los “delitos políticos”. Además, se extendió la institución catalana del Somatén a todas las provincias de España. La política de la dictadura respecto a las organizaciones obreras fue distinta: mientras que intentó atraerse a los socialistas, integrándolos en el Consejo de Trabajo, la CNT fue reprimida y pasó a la clandestinidad.
El Directorio Civil (1925-1930)
En diciembre de 1925, Primo de Rivera constituyó el Directorio Civil, en el que los puestos clave seguían ocupados por militares. Durante esta fase, se creó la Organización Corporativa Nacional (OCN) para regular las relaciones entre trabajadores y empresarios bajo la supervisión del Estado, y se convocó la Asamblea Nacional Consultiva encargada de elaborar un proyecto de nueva Constitución.
La OCN, inspirada en la “doctrina social de la Iglesia” y el modelo corporativo fascista, tenía como objetivo garantizar la paz social mediante una política de intervención en el mundo del trabajo. Sin embargo, la colaboración de la UGT con la dictadura produjo una honda fractura en el socialismo español.
La Asamblea Nacional Consultiva y el proyecto de nueva Constitución
El 13 de septiembre de 1926, Primo de Rivera realizó un plebiscito informal para demostrar que contaba con el respaldo popular y presionar así al rey para que aceptara su propuesta de convocar una Asamblea Consultiva. Esta Asamblea se reunió en febrero de 1928, y la mayoría de sus miembros fueron nombrados directamente o indirectamente por el gobierno.
La sección primera de la Asamblea presentó en el verano de 1928 una propuesta de carta otorgada, conocida como el Estatuto Fundamental de la Monarquía, que rompía completamente con la historia del constitucionalismo español. El anteproyecto de Constitución tenía un carácter fuertemente autoritario y no satisfizo a nadie, ni siquiera a Primo de Rivera.
La política exterior y económica
El éxito en la pacificación de Marruecos tras el desembarco de Alhucemas en septiembre de 1925 impulsó una política exterior más agresiva. Primo de Rivera exigió que Tánger se integrara en el Protectorado español de Marruecos y que España tuviera un puesto permanente en el Consejo de la Sociedad de Naciones, aunque no logró ninguno de estos objetivos.
En cuanto a la política económica, la dictadura se centró en la intervención del Estado y el proteccionismo de la “producción nacional”. Se crearon monopolios estatales como CAMPSA y la Compañía Telefónica Nacional de España, y se llevaron a cabo importantes obras públicas, desde obras hidráulicas hasta carreteras y ferrocarriles.
La caída de la dictadura
A partir de 1928, la dictadura comenzó a perder apoyos. Los nacionalismos periféricos, las organizaciones empresariales, los sectores intelectuales y universitarios, y diversos grupos sociales y políticos liberales retiraron su apoyo al régimen. Además, el conflicto con el Cuerpo de Artillería y los intentos de golpe de Estado de 1926 y 1929 minaron aún más la estabilidad del régimen.
En diciembre de 1929, Primo de Rivera presentó al rey un plan de “transición” que pasaba por la convocatoria de una Asamblea formada por 250 senadores y 250 diputados, pero Alfonso XIII le pidió tiempo para responder. Ante la progresiva pérdida de apoyos y el crecimiento de la oposición, Primo de Rivera presentó su dimisión al rey en enero de 1930, que le fue aceptada en el acto. Alfonso XIII nombró al general Dámaso Berenguer presidente del gobierno con el propósito de retornar a la normalidad constitucional.
Legado y responsabilidades
Tras la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931, las Cortes Constituyentes nombraron una Comisión de Responsabilidades para depurar las que pudieran corresponder al exrey Alfonso XIII y a los exministros de la dictadura. El exrey fue condenado por las Cortes por el delito de “alta traición” y los exministros de la dictadura fueron condenados a confinamiento y a inhabilitación.
Análisis final
La dictadura de Primo de Rivera representa un capítulo complejo y contradictorio en la historia de España. Por un lado, el régimen intentó modernizar el país con una serie de reformas económicas y administrativas. La creación de monopolios estatales y la inversión en infraestructuras fueron pasos significativos hacia la modernización. Sin embargo, estos logros se vieron empañados por la corrupción y la falta de una base ideológica clara que pudiera sostener el régimen a largo plazo.
El golpe de estado de 1923 y el apoyo inicial de Alfonso XIII demostraron la fragilidad del sistema político de la Restauración y la desesperación de ciertos sectores por encontrar soluciones rápidas a problemas profundos. La represión de libertades y la censura marcaron el tono autoritario del régimen, alejando a sectores que inicialmente habían mostrado su apoyo, como la Iglesia y las clases medias.
La incapacidad de Primo de Rivera para establecer un sistema político estable y la creciente oposición, tanto interna como externa, precipitaron su caída. La dictadura dejó un vacío que la Segunda República intentó llenar, aunque sin éxito, ya que las tensiones no resueltas desembocaron en la Guerra Civil. En última instancia, la dictadura de Primo de Rivera sirve como un recordatorio de los peligros del autoritarismo y la importancia de un sistema político inclusivo y democrático.
