En el sur de México, la memoria seguía latiendo bajo la corteza del tiempo.
Entre cañaverales y milpas, el recuerdo de una época protegida aún resistía al olvido. En Morelos, las ancianas hilaban el pasado en voz baja: hubo un tiempo en que la tierra tenía nombre propio y estaba amparada por la fuerza de la ley.
Para comprender cómo funcionaba ese orden perdido, hoy existen recursos como las clases de regularización que acercan a estudiantes y lectores a la historia legal y social de México, desentrañando los códigos, leyes y costumbres de un pasado que, lejos de estar muerto, sigue palpitando en la vida cotidiana.
La tierra comunal poseía valor y blindaje jurídico, resguardada por sellos de tinta añil, por la solemnidad de las firmas virreinales y por un respeto casi sagrado al derecho indiano.
Bajo la égida del Virreinato de la Nueva España, la Corona —lejos de actuar por mera concesión— instituyó un sistema legal riguroso que reconocía, amparaba y protegía la posesión colectiva de los territorios indígenas. Así se conservan en numerosos archivos, como el famoso “Título de la Sangre”, uno de tantos títulos de propiedad que extendía la Corona Española a los ciudadanos del Virreinato.
No era caridad, era ley escrita y refrendada en pergaminos, como en el célebre mandamiento del Consejo de Indias:
…que los naturales sean amparados en la posesión de sus tierras, como lo son los vasallos de Su Majestad
(Recopilación de Leyes de Indias, Libro VI, Título III, Ley I, 1681).
Durante más de dos siglos, estos títulos primordiales fueron la salvaguarda de los pueblos, auténticos mapas en papel, con linderos descritos con la misma precisión de un notario. En ellos se consignaban ríos, montes, caminos y hasta las piedras de los lindes; eran la “memoria legal” de la comunidad.
Anenecuilco, el pueblo natal de Emiliano Zapata, fue depositario de uno de aquellos títulos.
Sus ancianos —auténticos custodios de la memoria jurídica— lo conservaban enrollado en tela de maguey, guardado entre reliquias familiares. Así lo explica la historiografía reciente:
Los pueblos indígenas de la Nueva España mantuvieron durante siglos la posesión de sus tierras gracias a títulos otorgados por la Corona y reconocidos por el derecho indiano.
Cada vez que una autoridad local intentaba apropiarse de una parcela comunal, el título primordial era presentado solemnemente, como quien muestra una carta fundacional:
“En virtud de la cédula real y del título que de ella dimana, ningún otro podrá tomar ni aprovechar esta tierra sin consentimiento del pueblo y de Su Majestad…”
(Archivo General de la Nación de México, Títulos primordiales de Anenecuilco, ca. 1750).
La fractura del orden: independencia y desamortización
Con la independencia, el mundo conocido se quebró.
En los pueblos de Morelos, la ruptura no se vivió como un estallido de júbilo, sino como la llegada de la incertidumbre. Las campanas sonaron a república, pero en los ejidos retumbaba el eco de un amparo que se desmoronaba.
El paso del Virreinato a la república no fue un solamente cambio de bandera, sino la irrupción de una nueva legalidad ajena a la tierra y a la memoria. Lo que había sido reconocido por la Corona como derecho inviolable —el territorio comunal protegido por títulos primordiales— comenzó a ser visto como un obstáculo para el progreso, según las nuevas élites ilustradas.
Los gobiernos liberales, imitando modelos franceses y anglosajones, impulsaron la desamortización de los bienes comunales. Se decretó que la propiedad colectiva era improductiva, una rémora del pasado que debía eliminarse en nombre de la modernidad. Pero en realidad, aquellas leyes —vestidas de progreso— abrieron la puerta al despojo masivo. Los títulos antiguos quedaron obsoletos ante la fiebre de los nuevos propietarios, protegidos por nuevas leyes.
Las leyes de desamortización de 1856 impulsadas por los gobiernos liberales permitieron la enajenación de bienes comunales en beneficio de grandes propietarios.
En Morelos, el avance imparable de los ingenios azucareros destruyó el tejido agrario tradicional.
Donde antes la tierra se compartía en milpa, se levantaron cercas y alambradas. Los manantiales pasaron de ser comunales a tener dueño privado.
Anenecuilco y los pueblos vecinos vieron, impotentes, cómo sus títulos virreinales eran despreciados, arrinconados en arcones y archivos como reliquias de otro tiempo. Lo que la Monarquía Hispánica había protegido por ley, la república liberal lo evaporó entre decretos y escrituras modernas.
En este país, la ley cambió el alma de la tierra. Donde antes hubo justicia virreinal, hubo después codicia y olvido.
(Tradición oral atribuida a don Ciriaco Salazar, anciano de Anenecuilco, citado porJohn Womack Jr., “Zapata y la Revolución Mexicana”, FCE, 1969, p. 37)
Así comenzó la herida. Con la fractura de la idea de justicia. La República trajo papeles nuevos, pero la justicia se quedó vieja. Los títulos virreinales perdieron fuerza ante los notarios y agrimensores de la república.
El campo, escuela de rebeldía
La fractura del orden legal y el despojo de las tierras comunales no fueron solo una cuestión política: tuvieron rostro, familia y consecuencia en cada pueblo.
En Anenecuilco, esa herida se hizo visible en la vida de quienes habían crecido trabajando la tierra, bajo la protección antigua de los títulos virreinales. Entre ellos, Emiliano Zapata, nacido el 8 de agosto de 1879 en el seno de una familia campesina acostumbrada al trabajo agrícola y a la defensa de lo comunal.
Era el noveno de diez hijos de Gabriel Zapata y Cleofas Salazar. Desde niño, Zapata compartió el trabajo del campo con sus padres y hermanos, aprendiendo la dureza de la rutina rural y la importancia de los límites y el reparto del agua, cuestiones esenciales en la vida del ejido.
Antes que revolucionario, Zapata fue campesino y jefe comunal. No aprendió leyes en los libros, sino en la gestión de las parcelas y en la administración del riego. A los doce años, ya participaba en las faenas agrícolas y, poco después, se incorporó a las reuniones vecinales.
A los dieciséis años fue testigo de la expulsión de una familia de su tierra por orden de las autoridades, un hecho que le marcó para siempre y que representaba en pequeño el gran cambio vivido por la región tras la independencia. La pérdida de tierras y la arbitrariedad de los nuevos poderes serían, desde entonces, preocupaciones centrales en su vida.
A los treinta años fue elegido representante de Anenecuilco. Su cometido era claro: defender los derechos agrarios del pueblo y luchar por la recuperación de las tierras comunales. Para él, la justicia no se discutía en discursos, sino que se defendía cada día en la vida real del campo y en el acceso a la tierra. Así quedó recogido en el acta comunal de la época:
Nombramos por voz y voto a Emiliano Zapata Salazar para la defensa de los intereses del pueblo y la restitución de las tierras usurpadas.
(Acta de elección comunal de Anenecuilco, 1909)
La revolución campesina: la tierra vuelve a ser consigna
En 1910 estalló la Revolución Mexicana, pero para los pueblos del sur de México, la verdadera demanda seguía siendo la tierra, no solo el cambio de gobierno o la libertad política. Mientras las proclamas revolucionarias hablaban de democracia y sufragio efectivo, en Morelos y los valles cercanos la principal preocupación era el derecho a sembrar, cosechar y vivir del propio trabajo.
Francisco I. Madero, líder del movimiento revolucionario en el norte, había prometido justicia agraria, pero pronto sus políticas decepcionaron a quienes esperaban la devolución de las tierras comunales. Ante el incumplimiento de Madero, Zapata y los representantes del sur decidieron romper con el gobierno central y plasmar sus exigencias en un documento histórico: el Plan de Ayala, firmado el 28 de noviembre de 1911:
El jefe de la revolución, Francisco I. Madero, ha defraudado la fe del pueblo con sus actos personales y políticas reaccionarias.
Unos de los manuscritos del plan de Ayala
Plan De Ayala. Reimpresión
Este texto, redactado por Zapata y Otilio Montaño, era un grito colectivo y programa de acción, basado en la restitución de derechos anteriores a la independencia.
¿Qué proponía el Plan de Ayala?
El Plan de Ayala exigía la expropiación —por utilidad pública— de todas las tierras, montes y aguas que hubieran sido arrebatadas a los pueblos y ciudadanos.
Se expropiarán, declaradas de utilidad pública, las tierras, montes y aguas usurpadas a los pueblos y ciudadanos.
(Extracto del Plan de Ayala)
La devolución de las tierras debía ser inmediata y real, priorizando a las comunidades afectadas y entregando los recursos necesarios para volver a trabajarlas. El Plan de Ayala establecía también la creación de una comisión agraria para ejecutar la restitución, la expulsión de los latifundistas y la posibilidad de expropiar haciendas que no demostraran una tenencia legítima y justa.
La consigna central era clara: Tierra y Libertad. Un lema inspirado en los movimientos anarquistas europeos, heredado a su vez de las consignas del campesinado ruso (“Zemlya i Volya”) de la década de los 70 del siglo XIX. Una frase que se convirtió en bandera: tierra para quien la trabaja, libertad para quien la cuida.
Todo esto convirtió a Zapata en el símbolo de la reforma agraria mexicana y sentó las bases del movimiento campesino durante toda la Revolución Mexicana. Su texto fue recogido, citado y reinterpretado por generaciones posteriores, manteniendo la lucha por el reparto agrario en el centro del debate nacional. Este documento es considerado uno de los más importantes de la historia mexicana, ejemplo de cómo una demanda local puede transformarse en bandera nacional.
El Ejército Libertador del Sur: la tierra armada
El fracaso del acuerdo con Madero y la promulgación del Plan de Ayala marcaron una línea divisoria en la Revolución Mexicana: el sur, liderado por Zapata, se distanció del poder central y de las otras facciones revolucionarias.
En México, la Revolución no fue un movimiento homogéneo, sino un mosaico de facciones con objetivos y bases sociales distintas. Mientras en el norte Pancho Villa encabezaba la División del Norte y en el centro Venustiano Carranza dirigía el constitucionalismo, en el sur Emiliano Zapata reunió bajo su bandera a los campesinos y pueblos indígenas de Morelos, Puebla y Guerrero.
Zapata convocó a campesinos sin tierra, vaqueros, peones y jornaleros. La base de su movimiento eran hombres y mujeres del campo, dispuestos a luchar por la restitución de sus parcelas y derechos ancestrales. Así nació el Ejército Libertador del Sur, una fuerza popular creada para de defender el reparto agrario y combatir a quienes se opusieran a la devolución de la tierra, era su único propósito, a diferencia de otras facciones, que pretendían conquistar para aspirar a la presidencia.
El Ejército Libertador del Sur fue una milicia popular dedicada a la restitución agraria y al combate contra las fuerzas federales.
Ejército Libertador del Sur en Ciudad de México
Ejército Libertador del Sur
Entrada de Emiliano Zapata y Pancho Villa en Xochimilco.
El Ejército Libertador del Sur combatió tanto a las fuerzas federales como a otras facciones revolucionarias que amenazaban los intereses agrarios del pueblo. La fidelidad al Plan de Ayala marcó siempre el criterio fundamental de lealtad y ruptura. Con organización descentralizada y mandos elegidos por las propias comunidades, el Ejército del Sur representó la expresión armada de una causa local y campesina.
¿Cómo murió Zapata?
El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata fue citado a la hacienda de Chinameca, Morelos, bajo la promesa de negociar una tregua. Allí, en un ambiente tenso y bajo la vigilancia de los federales, fue recibido con honores solo en apariencia. La emboscada ya estaba tendida.
En cuanto Zapata cruzó el umbral del portón principal, una descarga cerrada de fusilería acabó con su vida en segundos.
Murió acribillado por una traición, pero su muerte solo lo hizo más grande.
(Samuel Brunk, Emiliano Zapata: Revolution & Betrayal in Mexico, University of New Mexico Press, 1995, p. 302)
La noticia del asesinato de Emiliano Zapata se extendió de inmediato por todo el país y el mundo. En los pueblos de Morelos, el impacto fue inmediato y profundo: la gente veló machetes, títulos antiguos y retratos familiares, convencidos de que la lucha no terminaba con la muerte del líder.
En los días siguientes, miles de campesinos, mujeres y ancianos se acercaron al lugar donde cayó, recogiendo tierra y hojas del suelo, transformando Chinameca en un símbolo de la memoria agraria mexicana. En ese instante, el “asesinato de Emiliano Zapata” se convirtió en un punto de inflexión para la historia de Morelos y de la Revolución Mexicana.
Las preguntas se repetían de boca en boca:
¿Por qué mataron a Zapata en Chinameca? ¿Qué pasó realmente en la hacienda? ¿Por qué su muerte sigue siendo relevante para la historia de México?
La respuesta está en la huella que dejó: Zapata murió, pero el legado de Zapata se volvió más fuerte que nunca. Su figura alimentó la mitología popular, los corridos, las biografías, los murales, la literatura y la historia.
Para muchos, su muerte no representó el final de una época, sino el nacimiento de una causa colectiva. Hoy, al buscar en internet “qué pasó en Chinameca” o “quién mató a Zapata”, se reabre la herida, pero también se revive la pregunta por la justicia agraria, la dignidad campesina y el sentido último de la historia mexicana.
Chinameca ya no es solo un topónimo en los mapas de Morelos: es el lugar donde la memoria se plantó para no ser olvidada. En la tierra roja de la hacienda, bajo el sol inmóvil, la semilla del zapatismo arraigó como esperanza y desafío para nuevas generaciones. Quienes visitan hoy Chinameca encuentran, más allá del monumento y las placas, la persistente pregunta de una historia que nunca se resigna a la derrota.
